“La larga guerra de Genaro García Luna”

“La larga guerra de Genaro García Luna”

Traducido al español de:
http://www.nytimes.com/2008/07/13/magazine/13officer-t.html?_r=2&oref=slogin
Daniel Kurtz-Phelan
Julio 13, 2008
New York Times

Cuando Genaro García Luna, el más alto funcionario policial en México, llegó a Tijuana en enero, la ciudad estaba en medio de una ola de violencia que calificó, según me dijo, de ‘sorprendente’. Primero, tres policial locales fueron asesinados en una sola noche, aparentemente en venganza por un operativo que un jefe del narcotráfico les había advertido no hacer. Unos días después, policías federales intentaron catear la casa de seguridad de narcotraficante en un barrio tranquilo de Tijuana y terminó en un enfrentamiento armado. Cinco tiradores repelieron a docenas de policías federales por más de tres horas. Para cuando la policía pudo entrar a la casa, seis víctimas de secuestro de un cártel rival habían sido ejecutadas. Habían desollado el rostro de algunas de las víctimas para prevenir que fueran identificadas.

Los ataques a la policía fueron particularmente preocupantes para García Luna, quien como secretario de seguridad pública es uno de los funcionarios a cargo de implementar la decisión del presidente Felipe Calderón de librar una agresiva guerra contra el narcotráfico. Justo antes de la visita de García Luna a Tijuana, la esposa de un policía y su hija de 12 años fueron asesinadas en su casa, una violación directa al añejo código de combate que se supone protege a las familias de policías y narcotraficantes por igual. En un gesto aún más retador, sicarios del narcotráfico estaban haciendo amenazas de muerte en la frecuencia de radio de la policía, y los cárteles parecían estar recibiendo información confidencial sobre operaciones policiales. Los pistoleros en el enfrentamiento de Tijuana tenían un arsenal, incluyendo AK-47s, el arma preferida de los narcotraficantes. Durante el enfrentamiento, la policía, dudando de su habilidad de contener la violencia, evacuó a cientos de niños que se encontraban en un preescolar a lado del tiroteo. “La gente dice ‘Hay niños huyendo, es como si esto fuera Irak’”, me dijo después García Luna.

Lo que le parecía ‘sorprendente’ no era el poder de fuego ni la brutalidad de los traficantes, sino que en Tijuana, se suponía que el gobierno iba ganando. En los años anteriores, el cártel dominante en la ciudad, el de los Arellano Félix, había sido, como me dijeron muchos de los más cercanos colaboradores de García Luna, prácticamente desmantelado. Unos de los hermanos Arellano Félix fue asesinado, otro fue detenido por fuerzas especiales de México y un tercero fue detenido por agentes estadounidenses mientras pescaba en el Pacífico en un bote llamado Dock Holiday. Autoridades de México y Estados Unidos clausuraron varios narcotúneles, elaborados pasos para el contrabando que corren a una profundidad de hasta 100 pies por debaje de la barda que separa a Tijuana de estados Unidos. Paquete tras paquete de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana fueron asegurados en la ciudad o interceptados en la frontera.

Pero bajo la medida que realmente le importa al ciudadano común –la seguridad- la situación estaba mal y pero que nunca. A pesar que el gobierno estaba enviando flotas de personal de seguridad a Tijuana, la semana que García Luna visitó Tijuana hubo por lo menos 15 asesinatos relacionados con el narcotráfico.

Este patrón se ha vuelto común en México. Desde finales de 2006, el gobierno de Calderón ha enviado más de 25,000 soldados y policía federales en operativos antinarcóticos de alto poder para combatir a los cárteles de la droga. Ha iniciado planes para la reforma judicial y policial. Ha extraditado a varios jefes del narcotráfico a Estados Unidos, ganando reconocimiento y un paquete de ayuda financiera contra el narcotráfico de parte de Estados Unidos. Sin embargo, este año pinta para ser el más sangriento en la lucha de México contra el narcotráfico, rebasando por casi 50% la cifra de muertes del año pasado (2,500).

Poco después del tiroteo en Tijuana, la policía fue alertada de otro edificio, cerca del lugar del enfrentamiento –una casa sencilla con paredes amarillo claro y un aro de basquetbol afuera. Al catearla encontraron una cámara subterránea que llamaron la ‘escuela de entrenamiento de asesino’. Un policía con un pasamontañas negro me dio un recorrido, llevándome por una escalera de madera escondida detrás de una lavabo falso. Bajaba a un cuarto largo con techo bajo y tapizado con aislante negro. Había mucho equipo para modificar y reparar armas y alrededor de 30,000 municiones perfectamente organizadas por calibre en unas repisas de plástico gris. Blancos de tiro usados estaban colgados en latas rellenas de llantas trituradas, y cientos de casquillos percutidos cubrían el piso. “Es increíble ver estas armas”, me dijo García Luna después, mientras negaba con la cabeza. “Es verdaderamente impresionante, en términos de cantidad y calibre. Antes, el arma más poderosa que llegábamos a encontrar era el cuerno de chivo. Ahora encontramos cohetes y granadas”.

Desde que tomó el cargo principal de la policía a finales de 2006, García Luna ha dicho repetidamente que la situación con el narcotráfico empeoraría antes de mejorar. Pero cuando hablé con él después de su visita a Tijuana, incluso él parecía estar atónito ante el nivel de violencia –especialmente porque los narcos habían empezado a dirigir sus armas contra el Estados, en vez de atacarse entre ellos. Uno de los más altos oficiales de García Luna, el jefe de la Policía Federal Edgar Millán Gómez, me dijo en marzo: “estamos viendo la respuesta a nuestros operativos: más ataques a la policía”. Un mes después, el también fue asesinado.

Unas semanas después del operativo en Tijuana, fui con García Luna a una reunión con comandantes estatales y algunos jefes de policías municipales en las afueras de Acapulco. La ciudad también ha sufrido oleadas de violencia del narcotráfico en los últimos años. Es un importante punto de entrada y distribución de cocaína procedente de Colombia, y al menos dos cárteles se estaban disputando el control de la ciudad. Acapulco se ha vuelto famoso por las decapitaciones. En un caso, las cabezas de dos policías fueron colocadas frente a un edificio de gobierno con un letrero que decía “Para que aprendan a respetar”. Viajamos al lugar de la reunión, un elegante hotel en la playa lleno de turistas estadounidenses, bajo custodia de hombres fuertemente armados en un convoy de camionetas negras.

Aunque sólo tenía 38 años cuando fue seleccionado por Calderón para su actual puesto, García Luna ha pasado casi 20 años en los servicios de seguridad, muchos de ellos monitoreando al crimen organizado y al narcotráfico. Cerca de sus treinta ya era considerado una especie de prodigio. Entrenado como ingeniero, se sentía cómodo con la tecnología en un tiempo en que esas aptitudes se estaban convirtiendo en valiosas e los círculos de seguridad, y subió rápido en la jerarquía. A finales de los años ’90, conforme México salía de 70 años de gobierno unipartidista, García Luna se convirtió en jugador central de la reforma policial. Ayudó a fundar la nueva policía ‘preventiva’ a cargo de resguardar el orden en todo el país, para luego encabezar la nueva Agencia Federal de Investigación, AFI. Estas dos organizaciones están ahora en funciones bajo su mando, y si se sale con la suya en los próximos años se convertirán en una fuerza de policía federal integrada.

Raúl Benítez Manaut, un analista de seguridad de la UNAM, llama la tarea de García Luna “el trabajo más difícil en el país”. Por ahora, el gobierno se ha apoyado en los militares para llevar a cabo varios de los grandes operativos contra el narcotráfico. Pero la militarización trae sus riesgos. Los cuerpos militares están preocupados por el incremento en corrupción y deserciones de sus unidades porque sus hombres se unen al narcotráfico; otros han emitido advertencias que la militarización llevará a importantes violaciones a los derechos humanos. García Luna anunció recientemente que los militares regresarán a sus cuarteles, y una nueva y mejorada policía –mejor armada, mejor entrenada y menos corrupta- comenzará a pelear por sí sola a final de año. Antes de que eso pueda suceder, él tendrá que construir algo que México nunca ha tenido, una policía federal cohesiva y eficiente.

En la reunión en Acapulco, los jefes de policía, hombres de aspecto rudo con bigotes y guayaberas, esperaban a García Luna, su jefe, en un salón de conferencias. Con su quijada cuadrada y pelo corto, García Luna cultiva la imagen del policía en un mundo de políticos, un hacedor en un mundo de habladores, y después de la obligada bienvenida se movió rápido al tema en cuestión. El quería hablar, dijo, de “combatir la corrupción a través de la purga sistemática de los cuerpos policiales”. Eso significaría limpiar las fuerzas controladas por algunos de los presentes en el salón de conferencias –con su ayuda de preferencia, o “a la fuerza si es necesario”.

Las policías locales –que representan la mayoría en México- son el “tendón de Aquiles de la seguridad en México”, como lo pone Jorge Chabat, un experto en seguridad cercano al gobierno. En la mayor parte del país, la policía es considerada abusiva, incompetente y corrupta –una percepción poco desmentida por escándalos periodísticos, como la reciente aparición de videos que muestran a policías siendo entrenados en métodos de tortura. En algunos de los bastiones del narcotráfico, la policía protege a los narcotraficantes; agentes de la DEA que trabajan en esos lugares se niegan incluso a interactuar con los cuerpos de policía locales por miedo a que eso los ponga en riesgo. David Zavala, un comandante de la policía federal a cargo de realizar las operaciones ordenadas por García Luna en la fronteriza Ciudad Juárez, me dijo: “cuando llegamos, primero tuvimos que quitar a la policía municipal del camino. Muchos de ellos están involucrados con el narcotráfico. A veces nos dicen ‘No hay nada allá’. Ese es el primer lugar donde buscamos”.

El sistema de policía local en México ha sido ‘abandonado’, me dijo García Luna. “No hay estrategia. Los salarios son muy bajos. No hay confianza”. La corrupción entre los policías, dijo, “es parte de su vida diaria”. García Luna ha recurrido a una variedad de medidas para poner las policías del país en línea, y está explicándolas a los jefes de policía en la reunión en Acapulco. Para acceder a su parte de los 300 millones que el gobierno ha destinado para mejorar las policías locales, dijo, los jefes de policía tendrán que empezar a trabajar sobre el nuevo sistema criminal y de inteligencia nacional y sujetar a sus oficiales a un régimen de control de confianza –exámenes poligráficos, auditorías financieras, evaluaciones psicológicas. Hasta entonces, como muchos de los jefes sabían por experiencia, García Luna no dudaría en utilizar medidas más drásticas, incluyendo desarmar a los policías.

Después de la reunión, me uní a García Luna mientras tomaba cerveza en el bar con un comandante. García Luna dijo que pensó que la reunión había marchado bien, pero parecía estar más interesado en hablar de diseños de bombas. La semana anterior, un dispositivo de fabricación casera había explotado en el centro de la ciudad de México, matando al hombre que la transportaba e hiriendo a la mujer que lo acompañaba. Se dijo que la bomba iba a ser colocada en el auto de un oficial de policías como retribución a una serie de golpes contra el llamado cártel de Sinaloa –una señal, muchos temían, de una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico. Expertos en seguridad en México hablan de la ‘colombianización y del ‘efecto Pablo Escobar’ –la idea es que, como con Escobar en Colombia en los ‘80s y principios de los ‘90s, los cárteles estaban respondiendo al ataque frontal del gobierno con un asalto al estado. “Ahora, en el 2008, estamos alcanzando violencia terrorista”, me dijo después de la explosión Samuel González Ruiz, antes jefe de la unidad anti-crimen organizado de la oficina del procurador. “Es un escalamiento en su lucha contra las autoridades”.

Pero el escalamiento no fue la única táctica de los cárteles. Se filtraban reportes de que en Tijuana, en la víspera de un enfrentamiento armado, representantes de los Arellano Félix habían ofrecido a policías y militares un pacto: el cártel aceptaba controlar la violencia si las autoridades acordaban permitirle al cártel hacer sus negocios. La oferta se filtró a la prensa, despertando especulaciones sobre si el gobierno pactaría.

La mera sugerencia de negociación enoja a García Luna. “Mire, le digo que no vamos a pactar con nadie”, dijo. “Tenemos la obligación de enfrentar al crimen. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, y no consideraremos un pacto”. Y con eso cambió el tema.

Sin embargo, hasta hace poco, los pactos entre el gobierno y los cárteles, tácitos o implícitos, eran la norma. La mayor parte del siglo XX, México fue gobernado por el PRI. El PRI era autoritario y corrupto, pero estas características ofrecían ciertas ventajas al negociar con el narcotráfico. El poder político estaba centralizado y altamente controlado. Para un cártel, comprar a una figura clave en el PRI era suficiente para garantizar dominio en una porción del territorio. A cambio, el cártel debía mantener los asesinatos en un nivel tolerable y permanecer lejos de los dominios de otros cárteles. Habiendo aceptado la existencia del narcotráfico, el gobierno podía actuar como un árbitro y como controlador de la violencia. Estos arreglos son a los que García Luna se refirió como “las leyes históricas de la corrupción” – y son estas las que entiende como tarea propia romper.

“En algunos casos”, me dijo Jeffrey Davidow, embajador de Estados Unidos en México durante los últimos años del PRI, “había corrupción absoluta, en el sentido que los cárteles iban con un alcalde o gobernador y le decían ‘Aquí está el dinero, no nos molestes’. En otros casos, y esto debió ser más común, los cárteles decían ‘Mire, vamos a hacer negocios aquí –no nos moleste, y nosotros no lo molestamos a usted’. Era cuestión de llegar a un arreglo. Había reportes de que si el cártel tenía que matar a alguien, se la llevaban fuera de los límites estatales”.

A finales de los ‘90s, el sistema unipartidista de México comenzó a abrirse, y en la elección presidencial del 2000, el PRI perdió el poder ante Vicente Fox, un ex ejecutivo de Coca-Cola postulado por el PAN. La transición democrática fue un momento de gran esperanza para México. Pero también minó el sistema de facto de regulación del narcotráfico. “Lo que sucedió”, explica Luis Astorga, un académico mexicano que estudia la historia del narcotráfico, “es que el estado dejo de ser el árbitro de las disputas y el aparato con la capacidad de controlar, contener y simultáneamente proteger a estos grupos. Si no hay árbitro, los cárteles tendrán que resolver sus disputas ellos mismo, y los narcotraficantes no lo hacen en reuniones”.

García Luna se convirtió en un personaje central en los esfuerzos anti-narcóticos en México mientras se dio esta transición. “Cuando entramos, apostamos a derribar la cabezas de la estructura criminal, perseguir a los jefes”, me dijo. El gobierno ha capturado o matado a algunas de las principales figuras de los cárteles mexicanos –varios de los Arellano Félix de Tijuana, Alfredo Beltrán Leyva de Sinaloa y Osiel Cárdenas Guillén del cártel del Golfo, que domina la frontera con el sureste texano. “La idea” dijo García Luna “es que al eliminar la cabeza, el cuerpo dejaría de funcionar”. Por el contrario, señaló compungido, “los sicarios tomaron el control”.

En vez de destruir a los cárteles, los golpes de alto nivel del gobierno transformaron a los cárteles de organizaciones jerárquicas con figuras de mando a la cabeza en mafias desorganizadas con hombres luchando por el poder. Los sicarios de los cárteles y los brazos armados empezaron a asesinar para abrirse camino a los estratos superiores de sus organizaciones. “El gobierno se ha deshecho de los viejos jefes, pero ahora tenemos nuevos líderes que son menos sofisticados y más violentos”, me dijo un alto oficial de inteligencia mexicano, no autorizado a hablar públicamente.

También ha habido cambios en el narcotráfico mismo Conforme México se ha hecho más próspero, el uso doméstico de drogas –alimentado en parte por empleados de los cárteles a los que se les paga en especie- ha crecido considerablemente. Los patrones de tráfico han cambiado. Al debilitarse los cárteles colombianos por el esfuerzo gubernamental (apoyado por Estados Unidos) para acabar con ellos en los ‘90s, y las rutas del Caribe se volvieron más riesgosas, los mexicanos empezaron a controlar el tráfico –justo al mismo tiempo que el comercio lícito impulsado por el TLCAN facilitó el transporte de drogas hacia Estados Unidos. Hace ya mucho que los cárteles mexicanos reemplazaron a los colombianos como la fuerza dominante en el tráfico mundial de cocaína. Ahora, de acuerdo a cifras del gobierno de Estados Unidos, alrededor del 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos entra por tierra vía México.

Cuando conocí a García Luna en Washington [DC] en enero, poco después de que el enfrentamiento en Tijuana llegara a los encabezados en Estados Unidos, llevaba consigo un sobre de papel manila lleno de fotografías a color. Las fotografías eran imágenes macabras a todo color de policías mexicanos muertos y de arsenales del narcotráfico –un policía sangrando en el piso; el campo de tiro subterráneo. García Luna las consideraba una especie de armas secreta.

García Luna estaba en Washington haciendo el recorrido de agencias de gobierno y oficinas del Congreso en Estados Unidos –visitando a todos los que tendrían que aprobar e implementar la Iniciativa Mérida, un paquete de 1,400 millones de dólares para anti-narcóticos que propuso la administración Bush. (El Congreso ha autorizado 400 millones en ayuda a México para el próximo año, incluyendo equipo y apoyo técnico para la policía de García Luna). Al parecer fuera de su elemento en las oficinas de gobierno y los think tanks –a diferencia de muchos mexicanos poderosos, no habla mucho inglés (todas las entrevistas que le hice fueron en español)- García Luna se reunión con funcionarios de gobierno y diplomáticos, haciendo una rebuscada presentación de power point a expertos en políticas. Parecía estar más interesado en las fotos que traía, su manera de exponer un argumento rotundo sobre un aspecto sensible en la relación México-Estados Unidos: la gran mayoría de las armas de los arsenales del narcotráfico (entre 80 y 90 por ciento, según cifras del gobierno mexicano) son adquiridas en Estados Unidos, especialmente en los poco reculados Gun Shows e introducidas ilegalmente a México por las mismas redes que trafican drogas en la dirección opuesta. A García Luna le cuesta trabajo esconder su enojo por que las leyes estadounidense hacen muy difícil hacer algo para detener el ‘flujo brutal” de armas. “¿Cómo es posible”, me preguntó, “que una persona pueda comprar cientos de cuernos de chivo” –AK-47s- “para sí mismos?”. En Estados Unidos, dijo, “hay mucha indiferencia”.

En reuniones con funcionarios estadounidenses, García Luna mostró las fotografías, con poca fanfarria o aviso. Davy Aguilera, el agregado para México del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, quien estaba presente durante una de las presentaciones de García Luna, dijo que las imágenes de la violencia por armas de fuego “crearon una impresión al interior del Beltway” [la forma de referirse a la zona en la que se encuentran la mayoría de las oficina federales de Estado Unidos]. Muchos funcionarios estadounidenses han empezado a sentir la frustración de García Luna. “Si eliminamos las armas se gana”, me dijo un miembro del staff del alta jerarquía en el Senado que trabajo en la Iniciativa Mérida (y que no está autorizado a hablar públicamente sobre legislaciones que salen de su comité). “Pero si no podemos controlar los temas de armas de fuego, no se va a poder ver mucho progreso. Están encontrando cajas enteras de AK-47s”.

García Luna me dijo que “lo más importante es la corresponsabilidad” –un reconocimiento de que Estados Unidos le debe a México el apoyo en una larga y difícil guerra. El punto de este reconocimiento no es un mero simbolismo. Los narcos, explicó, “aterrorizan a la comunidad para construir su base social a través de la intimidación, el miedo, para poder llevar a cabo sus actividades criminales con impunidad”. El apoyo de Estados Unidos ayudaría a reforzar el mensaje de que los buenos no darán marcha atrás. Proyectar dureza y decisión, como lo ve García Luna, puede ser el armas más poderosa de todas.

Los cárteles parecen comprender este modo de pensar, e intentan mandar el mensaje contrario; los malos tampoco retrocederán. En 2005, empezaron a subir videos a YouTube de ejecuciones. Fue, argumentan García Luna y otros, un truco copiado directamente de grupos insurgentes en Irak. “Era verdaderamente brutal. Había producción, edición, efectos especiales” señaló. “Estos no eran sólo videos que buscaban mostrar lo sucedido”. Eran imágenes de la guerra mediática, apuntada a atrapar encabezados y convencer a los mexicanos de que la resistencia es inútil. No ayudó a la causa del gobierno que algunos de los videos parecían mostrar la participación de policías en las ejecuciones de los cárteles –incluyendo oficiales de policías que operaban bajo el mando de García Luna.

García Luna generalmente gana elogios por reconocer lo central que la corrupción policial es para el narcotráfico. Ha ordenado una revisión generalizada de la policía, incluyendo nuevos requerimientos educativos e incrementos salariales para nuevos oficiales. Ha removido de sus cargos a casi 300 comandantes de la Policía Federal, reemplazándolos con oficiales de confianza entrenados en la nueva academia de policía. Agentes anti-narcóticos de Estados Unidos tienden a ver a la gente clave bajo el comando de García Luna como un grupo honesto al que se le puede confiar con inteligencia adquirida por estados Unidos. La mejora en el intercambio de inteligencia ha llevado a éxitos de alto nivel en el último año: el aseguramiento de más de 23 toneladas de cocaína, el mayor en la historia; el arresto de una legendaria figura del narcotráfico conocida como la Reina del Pacífico; el descubrimiento de 207 millones de dólares supuestamente relacionado con metanfetaminas ocultos en una casa en la Ciudad de México. “el intercambio de inteligencia ha sido clave en todos esos casos”, me dijo Steve Robertson, un agente especial de la DEA que trabaja en México.

Aún así, la cantidad de dinero involucrado produce algo de corrupción policial y de alto nivel casi inevitable. Observadores en México y Estados Unidos tienden a hacer escasos elogios sobre los esfuerzos de García Luna, normalmente recurriendo a la historia. En 1997, el recién nombrado zar antidrogas, un general del Ejército llamado Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido por trabajar con el cártel de Juárez. Los meses anteriores a eso, había sido celebrado como la dura y nueva cara de las operaciones anti-narcóticos de México.

“En Tamaulipas, nuca sabes quién está contigo y quién está en contra de ti.” Dijo Edgar Millán, el jefe de la Policía Federal, mientras manejábamos por una zona de granjas, fábricas y tráfico de camiones en el estado, que se encuentra al otro lado de la frontera del sur de Texas. Convenientemente para los cárteles, Tamaulipas también tiene un importante puerto en el Golfo de México. La cocaína llega a México por mar, escondida en cargamentos de Centro y Sudamérica, para luego ser llevada a Estados Unidos en uno de millones de vehículos particulares o contenedores de carga que cruzan la frontera anualmente. En un solo día, miles de autos y camiones entran a Estados Unidos desde Tamaulipas. La cocaína suficiente para satisfacer la demanda de Estados Unidos por un año, con valor de mercado de alrededor de 35 mil millones de dólares, podría caber en una docena o poco más de trailers.

Tamaulipas ha sido uno de los más sangrientos frentes de la guerra contra el narcotráfico durante muchos años. Y como en Tijuana, este año empezó mal. “Tuvimos que demostrarle a los cárteles que el gobierno de México no dará marcha atrás”, me dijo Millán mientras conducíamos a lo largo de la frontera en una pick-up blindada. Estábamos en medio de lo que se considera el bastión de los Zetas, un grupo de exmilitares de fuerzas especiales mexicanos que formaron una célula paramilitar para el cártel del Golfo. Los Zetas se habían convertido en la fuerza más temida en México. “Para ellos, esta zona era intocable”, dijo Millán. “Prácticamente no podíamos venir aquí”. Hace varios años, México capturó al jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y proclamó una gran victoria. Pero eso sólo dejo a los Zetas para dirigir el negocio por sí mismos y hacer pensar al rival cártel de Sinaloa que tenía una oportunidad de moverse hacia Tamaulipas. Como resultado, los Zetas estaban peleándose entre ellos por el control mientras intentaban repeler al cártel de Sinaloa.

Cuando llegamos al pequeño pueblo de Río Bravo, Millán le dijo al chofer que fuera con él a la casa de seguridad de un antiguo cártel, cerca de done la policía se había enfrentado con Zetas al principio del año. Millán apuntó hacia los lugares donde cayeron granadas y los cuerpos. Consideró casi sin importancia señalar que la casa de seguridad está frente a la estación de policía local. Cuando le pregunté, levantó los hombros. “El poder y el dinero de los cárteles les permite reclutar policías en todos los niveles”, dijo. “La policía local tienen el mayor contacto, la mayor presencia en las calles, por lo que son los más infiltrados”. Los taxistas locales también sirven como una red de vigilancia para los cárteles, explicó Millán.

A pesar del mal comienzo del año, para la primavera García Luna mostraba Tamaulipas como evidencia de lo que su estrategia puede alcanzar. Millán estuvo de acuerdo en que, después de meses de importante presencia federal y militar –en retenes en las principales carreteras, cateos de casas del narcotráfico, y de ‘neutralización’ de comandantes corruptos de la policía local- las cosas habían mejorado. “Hemos retomado el área”, me dijo Millán. Paramos en un punto de revisión de la policía, donde oficiales revisaban autos mientras media docena de ellos con rifles de asalto miraban. “Sigue siendo peligroso, y sigue siendo difícil”, dijo. “Pero nuestro compromiso es claro. Vamos a ganar esta guerra”. Mandó llamar al comandante a cargo del punto de revisión, quien explicó como la presencia policial había afectado el comportamiento de los cárteles. “Ahora están operando con un perfil más bajo”, dijo. Le pregunté qué significaba eso. “No significa que hayan dejado el negocio”, respondió. “Ellos siempre están buscando nuevas estrategias”. La policía los ha alejado de las principales carreteras, por lo que “están usando los caminos de terracería en los campos” para seguir traficando.

Después, le pregunté a García Luna si ésta era una definición aceptable de éxito en la guerra contra las drogas: baja en la violencia, la policía aparentemente a cargo, los cárteles operando de forma menos conspicua y menos violenta. Evadió la pregunta pero no disputó la implicación. “Dada la tentación”, dijo, “siempre habrá gente que participe en el juego, ya sea en avión o helicóptero, por tierra, por mar, porque existe un mercado real… No hay producto como este en el mundo”. (Cuando le pregunte a David Johnson, el subsecretario de Estado a cargo de la oficina internacional de narcóticos, sobre la razón detrás del incremento de la violencia en México, dijo “en gran medida, crece de la gente violenta que toma ventaja de la continua y fuerte demanda en Estados Unidos”). García Luna mencionó Colombia, invocando la analogía que muchos funcionarios mexicanos y estadounidenses se resisten a aceptar. Colombia ha recibido miles de millones de dólares en ayuda de Estados Unidos contra el narcotráfico bajo el Plan Colombia, y la violencia ha disminuido significativamente en los últimos años. “¿Sabe cuánto ha disminuido la cantidad de drogas que salen de Colombia?” me preguntó García Luna. “Chécalo”, dijo con una sonrisa. De hecho, de acuerdo a la evidencia, no ha habido una disminución significativa en el flujo de drogas que salen de Colombia o en la disponibilidad de cocaína y heroína en Estados Unidos –y aún así, Colombia es considerada una historia de éxito.

En una reciente entrevista con un miembro de la junta editorial del Wall Street Journal, el Procurador general de México, Eduardo Medina Mora, reconoció que le objetivo “no puede ser destruir el narcotráfico y el delito relacionado a este”. “Tratar de eliminar el consumo y el tráfico” , dijo, “es imposible”. Jorge Chabat me explicó: “La estrategia del gobierno es convertir los grandes cárteles en muchos pequeños cárteles. Si tienes 50 cárteles pequeños en lugar de cuatro grandes, primero tienes menos presión internacional, y segundo, tendrás violencia a corto plazo, pero en el largo habrá mucho menos”.

Alcanzar aunque sea esa meta, significa cambiar el balance entre el gobierno y los cárteles – y eso puede ser mucho más sangriento de los que García Luna y muchos mexicanos anticipan. La policía ha descubierto conspiraciones contra altos funcionarios policiales en la Ciudad de México, que involucran granadas y lanzacohetes. La oficina del procurador general presentó estadísticas que muestran que durante la administración de Calderón casi 500 elementos policiales –algunos limpios, otros seguramente corruptos- han sido asesinados por asuntos relacionados con el narcotráfico. Un jefe de la policía incluso buscó asilo en Estados Unidos. Y en encuestas recientes, los mexicanos han expresado su creciente duda en que las autoridades puedan con la lucha: 56% dicen que creen que los cárteles son más poderosos que el gobierno, mientras que sólo el 23% dice que creen que el gobierno es más poderoso que los cárteles. Pero García Luna y su gente argumentan que no darán marcha atrás hasta que los cárteles estén acabados. Como me dijo Millán en Tamaulipas, “ellos creen que retrocederemos, pero por el contrario, los atacaremos con más fuerza”.

Unas semanas después, Millán fue asesinado en un departamento de la Ciudad de México. Un descontento oficial de policía federal supuestamente vendió información de los movimientos de Millán al cártel de Sinaloa. Otros dos policías federales cercanos a García Luna también fueron asesinados en esos días; otro alto funcionario y su escolta fueron muertos en junio mientras comían en la ciudad de México.

Le pregunté a García Luna recientemente si la lucha valía la pena, para él, personalmente, y para México. “Esta ha sido mi vida”, me dijo, sugiriendo que ese cálculo le era imposible; el luchará porque esto es lo que hace. “He sido elegido para vivir esto”, siguió. “Tengo 20 años de esto, y esta posición es la cúspide de mi carrera. Siento una obligación personal”. García Luna dice que México está en un momento de transformación violenta y que el único camino a seguir es hacia delante. Para los estadounidenses, a él le gusta usar el ejemplo de la Mafia para mostrar que esto no tiene nada que ver con incompetencia o corrupción mexicana. “Así ha sido alrededor del mundo”, dijo. “piensen en Chicago, Nueva York, Italia”.

García Luna había empezado a repetir la frase que usaba Millán, que se ha convertido en una tipo de mantra –ni un paso atrás. Cuando le pregunté cuándo empezaría a disminuir la violencia, se notó frustrado. “’¿Es costosa?” dijo. “Si, es costosa. Y hay que enfrentarla”. Sobre su hombro había una pequeña escultura de Don Quijote, que tiene en una repisa detrás de su escritorio.

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